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Colombia
y la Contra-reforma Agraria Diana Garcia Colombia no escapa a la lógica neoliberal que recorre el mundo, en la cual prevalecen por encima de la vida, otros valores, los de las ganancias. Somos testigos de una disminución alarmante de la producción de alimentos para la población mundial, al mismo tiempo que la producción de los llamados « biocarburantes » se acelera de manera espectacular, dada su « rentabilidad ». Los Estados Unidos
y Europa, con el objetivo de satisfacer sus necesidades energéticas,
impulsan la destinación de tierras productivas a los monocultivos
extensivos para la producción de la palma de aceite, caña
de azúcar, soya, maíz, trigo y otras especies con miras
a la producción del llamado combustible verde (etanol y diesel),
y para ello se sirven del Banco Interamericano de Desarrollo y la Banca
Mundial como herramienta de sometimiento para alcanzar sus fines. En Colombia, el
presidente Alvaro Uribe Vélez, ha venido preparando el terreno
con diferentes medidas, no solo represivas, sino también con
la promulgación de normas como la llamada Ley de Tierras. El
gobierno afirma que la producción de los agrocombustibles es
la alternativa a los cultivos ilícitos de cocaína por
parte de los campesinos colombianos y un medio perfecto para la subsistencia
de éstos. Lo que no dicen unos y otros es que Colombia, después
de Brasil en el conjunto de países de América Latina,
ha sido destinada a ser, por parte de Estados Unidos y Europa, el centro
mundial para la producción de carburantes « verdes »
para el aprovisionamiento de ellos, sin tener en cuenta los estragos
causados al clima y al medio ambiente de la diversas regiones de Colombia
en donde vienen siendo implementados estos monocultivos. En Colombia, esta política ha sido implementada a sangre y fuego a instancias de grandes trasnacionales de la producción agrícola, con la complicidad de narcotraficantes y paramilitares, y el apoyo incondicional del presidente Uribe. En el proceso, comunidades enteras de regiones inmensamente ricas en biodiversidad, como las selvas tropicales del Chocó al noroccidente del país, y la Orinoquía colombiana, vienen siendo destinadas al cultivo de palma africana, causando desequilibrios en los ecosistemas de estas regiones y, adicionalmente, agravando la crisis humanitaria de la población. Multinacionales
del agro-combustible y la violacion de los derechos humanos El 1997, las comunidades
negras asentadas en el casco rural de los municipios de Jiguamandó,
Curvaradó y Alto Mira (en el Urabá chocoana) fueron sometidos
a desplazamiento forzado por operaciones conjuntas del Ejército
de la XVII Brigada y paramilitares. Como consecuencia de estos hechos,
casi seis mil campesinos tuvieron que albergarse en los municipios de
Turbo, Apartadó y Mutatá. Hoy sabemos gracias a la Procuraduría
General de la Nación que tal desplazamiento se debió al
interés de URAPALMA (principal compañía de palma
de aceite en la región) de colonizar la zona para el cultivo
de agrocarburantes. Por su parte, la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado
en favor de las comunidades negras del Urabá chocoano constatando
sus difíciles condiciones humanitarias. Pese a estos pronunciamientos,
en el período del año 2001 al 2006, varias empresas palmeras
recibieron créditos e incentivos de capitalización rural
del Banco Agrario colombiano para la extensión de estos cultivos.
Entre las tierras afectadas se encuentran, precisamente, las que habían
sido adjudicadas a las comunidades negras de Curvaradó, Jiguamindó
y Alto Mira a titulo de compensación en noviembre del año
2000 por los perjuicios sufridos. Igualmente, en la región media del río Magdalena, las trasnacionales de palma de aceite han utilizado los servicios de los narcoparamilitares para amenazar y desplazar las comunidades campesinas en resistencia (quienes adelantan proyectos productivos alternativos con miras a proteger el medio ambiente y la seguridad alimentaria de la región). La violación sistemática y recurrente de los derechos humanos se ha extendido hasta los trabajadores sindicalizados de esas compañías en la región. En la última década, 9 sindicalistas del sector de la palma de aceite han sido asesinados. Las exigencias de
Bush y la seguridad alimentaria La visita de Bush
a Colombia en marzo de 2007, tenía como uno de los objetivos
principales, asegurar la producción de agrocarburantes para alimentar
los vehículos de Estados Unidos. Tal ha sido la exigencia que
en las selvas y llanuras, reservas forestales de la Orinoquía
en los departamentos del Orinoco y Vichada, se han previsto un millón
de hectáreas para los monocultivos a destinación de carburantes. Esta cifra se uniría
a las 2,5 millones de hectáreas previstas para la producción
de carburantes en el país; al mismo tiempo Colombia disminuye
su producción autóctona necesaria para su población,
dependiendo cada vez mas de la importación de alimentos y afectando
gravemente la seguridad alimentaria del país. El 28 de abril de
2008, el Relator para los derechos humanos de la alimentación
de la ONU, Jean Ziegler, aseguraba que «los biocarburantes son
un crimen contra gran parte de la humanidad, algo intolerable…
», preocupado ante la grave situación de hambruna de la
mayoría de países pobres ; sin embargo para el gobierno
colombiano, el negocio parece valer más que la vida de millones
de colombianos. El propio Banco
Mundial ha reconocido «que el precio del trigo aumentó
130 por ciento en 36 meses y los alimentos en general subieron 83 por
ciento; mientras que el maíz se incrementaba en un 53 por ciento
y la soya en un 87 por ciento y el arroz en un74 por ciento, solo en
los dos últimos años », confirmando los pronunciamientos
de la FAO respecto al aumento de precios de los cereales. Pero el problema de la seguridad alimentaria no solo tiene que ver con el aumento de precios, también se relaciona con la autodeterminación de los pueblos para decidir y controlar la base productiva de los alimentos para su población, es decir la soberanía de cada país sobre su producción autóctona de alimentos. La nueva contra
reforma agraria Desde 1980, en Colombia
se viene dando una verdadera contra-reforma agraria: la de los narcoparamilitares
como estrategia contrainsurgente, tolerada y/o estimulada por los diferentes
gobiernos. Los grupos paramilitares, con la complicidad de los servicios
de seguridad del Estado, han desterrado de sus tierras a, aproximadamente,
tres millones de campesinos, treinta mil desaparecidos, tres mil quinientas
masacres, más de cinco mil dirigentes de oposición y defensores
de derechos humanos asesinados, junto a dos mil quinientos once sindicalistas
y mil setecientos indígenas colombianos, es el resultado de dicha
estrategia. Las tierras arrebatadas
a las víctimas en departamentos y regiones como Córdoba,
Cesar, Sucre, Urabá, Magdalena medio y Llanos Orientales han
pasado a manos de los víctimarios, es decir, de ganaderos, grandes
latifundistas y de los políticos de los partidos en el poder,
como el ex-senador Mario Uribe, primo del actual presidente colombiano,
quien extendió sus tierras con la ayuda de conocidos jefes narcoparamilitares. La Ley de 2006 da
vía libre a una mayor concentración de tierras, ya en
manos de unos pocos, y a la legalización de tierras comunitarias
usurpadas por los narcoparamilitares a campesinos, afrocolombianos y
comunidades autóctonas hoy en situación de desplazamiento
forzado. La ley faculta al gobierno a otorgar títulos de propiedad
de las tierras del Estado o predios abandonados, a las personas que
demuestren la posesión de terrenos durante más de 5 años
con al menos una explotación del 80 por ciento del total de la
tierra. El propio Procurador
General de la Nación, Edgardo Maya, había advertido los
peligros que encierra esta normativa. En un concepto previo a la aprobación
del proyecto de ley, señalaba que el proyecto legalizaría
predios ilegítimamente adquiridos por los paramilitares: "...se
permite a grupos armados ilegales que se hayan quedado con tierras a
través de la intimidación y de la violencia, que las puedan
legalizar sin que tengan opción de recuperarlas sus verdaderos
dueños: la población desplazada". El estudio del Ministerio Público, basado en expertos, calificaba el proyecto como una verdadera "contrarreforma agraria" y afirmaba que " el articulado es un conjunto de disposicones ajenas a los derechos de los pueblos indígenas y afrocolombianos y, por el contrario, pueden contribuir a legalizar y legitimar conductas contrarias sobre sus derechos territoriales, en varios casos con la participación activa de los grupos armados al margen de la ley". Así mismo, confirmaba que "atenta contra el derecho a la diferencia de las comunidades étnicas al pretender ajustarlas a modelos de desarrollo occidental ajenas a sus usos y costumbres". Los efectos de esta
ley ya empiezan a sentirse. Ciertas aberraciones han tenido lugar, como
el caso del senador del departamento de Risaralda, Habib Merhag, miembro
del partido en el poder, quien ha podido obtener en menos de dos años,
alrededor de 22 mil hectáreas de tierra en el lejano departamento
del vichada, al otro extremo de su circunscripción. En tanto,
las familias campesinas de ese departamento, solo pueden acceder, cada
una, al alquiler de 1,3 hectárea de tierra. Otro gran propietario
de tierras es el presidente Uribe Vélez, con más de 11
mil hectáreas de tierras, algunas colindantes con las del jefe
paramillitar Salvador Mancuso, en el departamento de Córdoba. El más reciente
escándalo de tierras en Colombia lo protagonizó el ministro
de la Agricultura, Andrés Felipe Arias. Este funcionario pretendía
entregar los predios de la hacienda Carimagua a las multinacionales
de la palma de aceite. Se trata de un predio de 17 mil hectáreas
que había sido expropiado al narcotráfico y luego adjudicado
por el Estado a familias desplazadas por la violencia política
en el marco de un proyecto de reubicación y restablecimiento
socioeconómico. Con esta iniciativa el Ministro violaba abiertamente
las normas legales internas e internacionales en materia de atención
a la población internamente desplazada. Solo la movilización
de los afectados y la fuerte oposición de los parlamentarios
de izquierda en el Congreso pudieron evitar que el ministro burlara
una vez más los derechos de las victimas. A manera de conclusión, puede decirse que la tendencia al cultivo de agrocombustibles se relaciona con, de un lado, la crisis alimentaría mundial y la autodeterminación de los pueblos, y de otro lado con el despojo a los pequeños campesinos de sus tierras en países como Colombia, con la consiguiente agravación de la crisis humanitaria que sufren. Es por estas razones que los ciudadanos de Europa y Estados Unidos, principales consumidores de los nuevos carburantes, deberían exigir a sus gobiernos la condena de esta forma de producción en nuestros países, a fin de detener un modelo económico que destruye el planeta y permite la perpetración de crímenes de lesa humanidad en los países de sur. DE SOUSA SANTOS,
Boaventura, Entre la represión del neoliberalismo y la imaginación
utópica de los pueblos. Entrevistado porRaphael Hoetmer, ALAI
AMLATINA, junio 2008. NICHOLS, Kelly y
CAMPOS, Stella, Colombie : Le sang du pétrole vert. L'écologiste
# 24, octobre-décembre 2007. ROBLEDO, Jorge.
Senador de la Republica de Colombia. Ponencia « Globalización
y seguridad alimentaria », en el Seminario Desarrollo Rural y
Seguridad Alimentaría. Universidad Nacional de Colombia, 6,7
de noviembre de 2001. SUAREZ MONTOYA,
Aurelio. La vulnerabilidad alimenticia de Colombia. Le monde Diplomatique,
mayo 2008 En su informe de
2008, el ACNUR (Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados)
estima en tres millones el numero de desplazados internos por violencia
política en Colombia. Fuente : Movice
(Movimiento de Victimas de Crímenes de Estado de Colombia). Ibidem Ibidem Ver concepto del
Ministerio Publico, op.cit. Ibidem ROBLEDO |
