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Leopoldo Fernández, el "carnicero de Porvenir"
Más de 30
personas habrían sido asesinadas en la localidad pandina de Porvenir
el 11 de septiembre de 2008, una de las peores masacres campesinas en
democracia. El principal responsable de la matanza, el prefecto de Pando
Leopoldo Fernández, "el carnicero de Porvenir", llamó
a sus grupos de choque armados a resistir el estado de sitio "abusivo
y bravucón" del gobierno. El jueves 11 de
septiembre, aproximadamente mil campesinos de comunidades de Puerto
Rico, Madre de Dios y el Palmar marchaban hacia la ciudad de Cobija
para participar en un ampliado del sector. Funcionarios del Servicio Departamental de Caminos, empleados de la Prefectura y activistas cívicos enviados por el prefecto Leopoldo Fernández intentaron sin éxito detener a la caravana campesina a unos siete kilómetros de Porvenir. Luego emboscaron
a los marchistas en inmediaciones del puente Cachuelita, donde cavaron
una zanja de 10 metros de ancho para evitar el paso de camiones y gente. "Todos venían
armados (los campesinos), hicimos unas zanjas para evitar que lleguen
hasta Cobija, uno de los últimos recursos que teníamos
porque tenían la intención de tomar la Prefectura y luego
Cobija; lo sabían las autoridades policiales y militares. Y ahí
tuvimos los primeros heridos", narra el prefecto Fernández. Según Fernández,
el supuesto "enfrentamiento" se desató cuando su grupo
de choque "incendió dos camionetas de esta gente (campesinos);
parecía un polvorín, durante varios minutos regaba balas
y disparos por todo lado, porque estaba explosionando todo el cargamento
que tenían estos campesinos pacíficos que dice el gobierno". Los campesinos desarmados
recuerdan que francotiradores instalados en las copas de los árboles
comenzaron a disparar ametralladoras automáticas. Una volqueta
del Servicio de Caminos aplastó a dos campesinos. "De pronto
escuchamos disparos y algunas personas cayeron heridas. Hombres, mujeres
y niños corrieron a todo lado para salvar sus vidas, pero muchos
fueron heridos o tomados por la fuerza para ser torturados", recuerda
Roberto Tito, testigo directo de la masacre. "Fuimos matados
como chanchos, con ametralladoras, con rifles, con escopetas, con revolver.
Los campesinos solo traían sus dientes, palos, ondas, no traían
escopetas. Luego de los primeros disparos, algunos huyeron hacia el
río Tahuamanu, pero les persiguieron y les dispararon",
cuenta Shirley Segovia, dirigente de una subcentral de Porvenir. El dirigente social pandino Dionisio López declaró a radio Patria Nueva que al menos 30 sicarios casi lo matan a golpes: "Estaba queriendo rescatar a los heridos de bala, y ahí me interceptaron en Porvenir, más o menos a la una y media (13:30). En Cobija me golpearon
más o menos hasta las 10 de la noche. Dijeron que yo era masista
por el color de mi cara, querían matarme...". Ese jueves, después
de la emboscada sangrienta, los sicarios y narcotraficantes al mando
del prefecto del departamento de Pando continuaron asesinando campesinos.
Al menos cien personas cruzaron la frontera para salvar la vida. Días antes
los vándalos y grupos de choque quemaron casas, saquearon mercados
y atentaron contra varios medios de comunicación. La violencia
se desbordó luego de la masacre. El prefecto Fernández
llamó a la ciudadanía a mantener la calma y pacificar
la ciudad de Cobija, pero mantuvo movilizadas a sus huestes "por
la restitución del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH)".
La autoridad departamental culpó al Poder Ejecutivo de las ocho
muertes registradas hasta ese momento, la mayoría campesinos "Este gobierno
no conseguirá ni en Pando, ni Tarija, ni en Beni, ni en Santa
Cruz, ni Chuquisaca, ni en el país en su conjunto, consumar lo
que pretende (...) no voy a retirarme en ningún momento de esta
lucha (...) La mentira no vencerá en este país, queremos
dejar un mejor futuro para nuestras familias (...) guardemos nuestras
fuerzas para luchar (...) hay que retirarse para darle un poco de tranquilidad
a esa gente que está en zozobra", dijo Fernández. El viernes continuaban las persecuciones y los asesinatos en Cachuelita y Filadelfia, provincias rebeldes que rechazaron el "referéndum autonómico" de los patrones autonomistas y que revocaron a Fernández en el referéndum del 10 de agosto. Los paramilitares
pagados por la prefectura no dejaban rescatar a los heridos y los cuerpos
de los asesinados. En la ciudad de
Cobija, amedrentaban 40 funcionarios de la Prefectura de Pando encapuchados,
con armas cortas y metralletas. Se denunció la existencia de
15 campesinos rehenes en las oficinas del Comité Cívico. "La situación
es dramática y trágica, están asesinando campesinos
cada momento y la Policía y el Ejército no están
actuando para salvar vidas. Mucha gente fue torturada en los ambientes
del Comité Cívico; pedimos que se intervenga el departamento
Pando", clamó el senador de UN Abraham Cuellar, amenazado
de muerte por funcionarios de la Prefectura. La representante
presidencial en Pando Nancy Texeira, al borde del llanto, criticó
al gobierno por abandonar a su gente y exigió una intervención
inmediata del departamento. A las 7 de la noche
del viernes, el gobierno de Evo Morales dictó estado de sitio
regionalizado en el departamento de Pando con el fin de evitar mayores
crímenes de lesa humanidad. Pero los grupos
sediciosos se rieron de la noticia y asaltaron dos tiendas de armamento
en Cobija y atacaron con ametralladoras a los militares que retomaron
el control del aeropuerto. En la refriega murieron dos funcionarios
de la Prefectura y el conscripto Ramiro Tañini Alvarado, victimado
con una bala calibre 22. Leopoldo Fernández
declaró que no acataría el estado de sitio y advirtió
que las movilizaciones continuarían. "Va a costar implementar
un estado de sitio abusivamente. Creyeron que Pando era el eslabón
más débil, (pero) vamos a seguir luchando, queremos un
país con libertades, no van a conseguir paralizar el proceso
autonómico ni le van a quitar a Pando esa esperanza de crecer,
tenemos derecho, vamos a pelear por lo que nos corresponde, no nos quitarán
nuestros recursos". Hasta el mediodía
de este sábado los militares aún no habían logrado
tomar el control de la ciudad de Cobija y menos ingresar a Filadelfia
y Porvenir. Se escuchaban ráfagas de ametralladoras en algunas
zonas de la ciudad de Cobija. A las 21 horas el
ministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana llegó a
Cobija con más efectivos militares para hacer cumplir el estado
de sitio. El ministro de Gobierno
Alfredo Rada confirmó el sábado que al menos 16 personas
perdieron la vida en la masacre del jueves, pero horas después
reportes extraoficiales daban cuenta de que habría por lo menos
30 muertos. Diversas fuentes informan que hay 80 heridos de bala y hasta
100 desaparecidos. La Confederación Sindical Única de
Trabajadores Campesinos de Bolivia denunció la desaparición
de más de 50 afiliados y 26 heridos de bala. ¿Quién
es Leopoldo Fernández? Es un cacique de
pueblo que mantuvo un control casi feudal de los poderes públicos
y privados en Cobija y provincias entre 1979 y 2005. Fue funcionario
público en las dictaduras de Luis García Meza (1980-1981),
Celso Torrelio y Guido Vildoso (1981-1982); responsable en Pando del
Instituto Nacional de Colonización (actual INRA); parlamentario,
prefecto y ministro de Gobierno de Hugo Banzer-Jorge Quiroga (1997-2002). Se cree que García
Meza le regaló tierras. Ahora Fernández está metido
en el negocio de la castaña y de la ganadería. Declaró
a la Contraloría un patrimonio personal de 1,4 millones de dólares. Fernández
está bien relacionado con madereros, aserradores y terratenientes
locales como los Sonnenschein, Hecker Hasse, Becerra Roca, Vaca Roca,
Peñaranda, Barbery Paz, Claure y Villavicencio Amuruz, entre
otros, que concentran miles de hectáreas de tierras fértiles. Leopoldo Fernández
sirve bien a la racista, intolerante y violenta elite local descendiente
de los patrones de la goma y de la castaña que sometieron a los
indígenas a un régimen de explotación laboral servidumbral
desde fines del siglo XIX. El pueblo pandino
asegura que Fernández no defiende el IDH para la región
sino su bolsillo. Lo único que ha hecho por el departamento en
los últimos 30 años de politiquería: treinta kilómetros
de carreteras. La ex ministra de
Gobierno Alicia Muñoz denunció en 2006 que Fernández
entrenaba en Cobija a paramilitares supuestamente para trabajos de "seguridad
ciudadana". El año pasado, Leopoldo mandó a quemar
la casa del senador pandino Cuellar que apoyó la Ley de Reconducción
Comunitaria de la Reforma Agraria de Evo Morales. La pasada semana nombró
a un director apócrifo de la oficina del Instituto Nacional de
Reforma Agraria (INRA) en Pando, declarado hace poco por el gobierno
como el primer "territorio saneado de Bolivia". El presidente de
la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) Rolando
Villena reveló que el prefecto Leopoldo Fernández contrató
a sicarios de Brasil y Perú para extinguir a los indígenas
y campesinos que apoyan el proceso de cambio en Bolivia. Fernández
está claramente incriminado en la masacre: "No se preocupe,
la masacre del Porvenir, la mayor masacre en democracia, proporcionalmente
superior a la ocurrida en El Alto en 2003, cuando murieron 60 (la guerra
del gas), no ha de quedar en la impunidad", enfatizó el
ministro Rada. La Coordinadora
Nacional para el Cambio (Conalcam) que aglutina a varios gremios sociales
representativos exigió al prefecto Fernández que renuncie
de inmediato por ser el autor intelectual y material de los crímenes
en Porvenir, junto con trabajadores de la Prefectura, narcotraficantes,
la mafia maderera y la Embajada de Estados Unidos. El máximo
ejecutivo de la Csutcb Isaac Ávalos pidió al Ministerio
Público y al Fiscal General de la Nación que inicien de
inmediato un proceso penal y encarcelen "al criminal Leopoldo Fernández",
el "carnicero de Porvenir". La masacre campesina
más cruenta de la historia democrática ejecutada por sicarios
promovidos por la Prefectura de Pando, cobró ya una treintena
de muertos y decenas de heridos producto de la emboscada en la localidad
de Tres Barracas del municipio del Porvenir, saldo luctuoso que dejó
al prefecto Leopoldo Fernández al margen de la ley, aseguró
la noche del sábado el Gobierno. "La magnitud
de la masacre ocurrida en Porvenir supera lo que es la masacre de octubre
de 2003 en El Alto, donde hubo 60 muertos y en Porvenir se está
acercando a una treintena. Si se hace una comparación con la
población de El Alto y la de Pando, se van a dar cuenta que estamos
ante la masacre más cruenta ocurrida en tiempo de democracia",
afirmó el ministro de Gobierno, Alfredo Rada, en Palacio Quemado. La autoridad gubernamental
aclaró que un prefecto como Leopoldo Fernández que llevó
adelante una masacre campesina y que desacata una disposición
constitucional como es el estado de sitio, se está quedando al
margen de la ley. La autoridad de
Gobierno teme que el número de muertos día que pasa se
vaya aumentando, por lo que exigió al Congreso nacional iniciar
la investigación del genocidio más cruento de los últimos
tiempos ocurridos en Bolivia. En este conflicto
cayó un militar, el marinero Ramiro Tañini Alvarado (17),
quien resguardaba el Aeropuerto de Cobija, "Aníbal Arab"
y fue victimado por el impacto de una bala de un arma calibre 22, reveló
este sábado el informe forense realizado en el Hospital de la
Corporación de Seguro Social Militar (Cossmil). También se
reportó el deceso de dos funcionarios de la Prefectura entre
los muertos. El 95 por ciento de las víctimas son campesinos
los que fueron ejecutados por los sicarios contratados por la Prefectura,
según el relato de varios testigos en diferentes medios de comunicación. A su turno el secretario
ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores
Campesinos de Bolivia, Isaac Ávalos, denunció en Cochabamba
la desaparición de más de 50 campesinos afiliados al sector,
tras la masacre ejecutada por paramilitares y sicarios de la Prefectura
de Pando. "Han muerto
ocho miembros de nuestra organización de Pando, 26 heridos de
bala y 51 desaparecidos hasta este momento, sólo los que son
afiliados a nuestra organización, sin contar el resto",
afirmó Ávalos en su discurso durante la entrega de ambulancias
y compresoras mineras en Cochabamba por parte del presidente Evo Morales
Ayma. LA MASACRE Un puente ubicado
a siete kilómetros del Porvenir por donde un millar de campesinos
que marchaban hacia Cobija en protesta de la violencia impulsada por
el prefecto Leopoldo Fernández, fue el escenario de la masacre
que paramilitares entrenados y financiados por el "cacique"
pandino, Leopoldo Fernández, desataron el jueves 11 contra gente
indefensa. Los hechos desmintieron
al prefecto Fernández, quien había asegurado que se trató
de un enfrentamiento armado "iniciado" por el Gobierno. Roberto Tito, uno
de los trabajadores rurales que estuvo en ese puente cuando comenzó
la balacera contra gente indefensa, testimonió que ellos marchaban
desarmados, pero de pronto escucharon los disparos y algunas personas
comenzaron a caer heridas de muerte. Francotiradores
ubicados en las copas de los árboles dispararon sobre la multitud
sin importar que marcharan niños y mujeres confundidos entre
campesinos, cuya única arma eran palos y machetes. "Estábamos
desarmados, no como dicen ellos. Nos detuvieron a unos siete kilómetros
antes de Porvenir y luego nos atacaron cuando avanzamos a la altura
del puente nos emboscaron y comenzaron a disparar con ametralladoras
automáticas", relató Tito, compungido por la muerte
de al menos 10 de sus compañeros, ya que hasta este viernes se
reportó un número indeterminado de desaparecidos. "Los compañeros
tuvieron que escapar a todo lado. No perdonaban ni a niños ni
mujeres. Esta fue una masacre a los campesinos, esto es algo que no
debemos permitir", señaló el trabajador rural. El testimonio de
Tito es respaldado por la versión del senador Abraham Cuellar,
quien asegura que a la altura del Puente de Cachuelita había
un boquete de 10 metros de ancho y de profundidad para que no pase los
camiones y no pase la gente. Es en estas circunstancias que comenzó
la balacera. "La gente estaba
caminando a pie, ha sido una emboscada preparada por la Prefectura,
planificada con armamento bélico y el resultado lamentable son
muchos muertos del lado campesino y la mayoría son de las alcaldías
de esa región que no pertenecen al MAS sino que son organizaciones
que apoyan al Gobierno", dijo Cuellar. PARAMILITARES DE
LEOPOLDO Ya en septiembre
de 2006, la entonces ministra de Gobierno, Alicia Muñoz, denunció
que el prefecto Leopoldo Fernández entrenaba en Cobija al menos
a un centenar de paramilitares, bajo la fachada de conformar una fuerza
"para seguridad ciudadana". Aunque Fernández
negó veracidad a esa denuncia, de la que Muñoz tenía
fotografías y grabaciones de video probatorias, el jefe de Seguridad
Ciudadana de la Prefectura de Pando, Alberto Murakami, admitió
el entrenamiento de civiles. Muñoz hizo
la denuncia como prueba de que los prefectos opositores no actuaban
legalmente como aseguraban. El tiempo y la masacre de gente indefensa,
lamentablemente dio la razón a esa ex Dignataria de Estado. Porque dos años
después, esos integrantes de "seguridad ciudadana"
cumplieron a cabalidad su papel para el que fueron entrenados: dispararon
a mansalva contra gente indefensa. No sólo eso, los paramilitares,
muchos de ellos brasileños, se encargaron de secuestrar a quienes
no pudieron escapar de las balas asesinas. VICTIMAS ESCAPARON
AL MONTE En medio de la masacre
los campesinos sólo tuvieron una alternativa para salvar sus
vidas y se internaron en el monte, mientras los paramilitares descargaban
sus armas sobre la multitud. "Son gente
de la Prefectura y del Servicio Departamental de Caminos que están
bien armados con ametralladoras y francotiradores porque de las copas
de los árboles nos disparaban a mansalva", relató
Tito. La denuncia del
dirigente campesino fue corroborada por el senador Abraham Cuellar,
quien aseguró que este viernes, a 24 horas de esa masacre, la
persecución paramilitar a campesinos pandinos continuaba. "Sabemos que
hay una persecución implacable en Filadelfia y Cachuelita, que
son provincias aledañas a Cobija, siguen los asesinatos, siguen
matando gente, gente desarmada", aseguró el legislador. Acusó a sicarios
contratados por las autoridades pandinas y que andan armados incluso
de ametralladoras, lo que obligó a que al menos un centenar de
personas hayan cruzado la frontera con Brasil para buscar refugio. En ese contexto,
la movilización de gente de la Prefectura, Sedcam, sicarios y
paramilitares contratados por el prefecto Fernández, supuestamente
en reclamo de la reposición del 30 por ciento de los recursos
del Impuesto Directo a los Hidrocarburos, fue la fachada para consumar
una dura represión. Viejoblues, un espacio libre |
