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Otto
Reich y el golpe de Estado en Honduras: Machetera Traducido por Manuel Talens y Paloma Valverde. Edición de Atenea Acevedo. El mismo día
en que se inició el golpe de Estado en Honduras, Roy Chaderton,
el embajador venezolano ante la Organización de Estados Americanos
(OEA) habló con ira contenida durante una sesión extraordinaria
mientras miraba directamente a Héctor Morales, el también
embajador usamericano ante la OEA. “Hay una persona
que ha sido muy importante dentro de la diplomacia usamericana; una
persona que ha restablecido sus contactos con antiguos amigos y colegas
para ayudar y animar a quienes han perpetrado el golpe”, dijo.
“El nombre del caballero es Otto Reich, ex asesor del Secretario
de Estado para Asuntos de Occidente durante el gobierno de George [W]
Bush. Nosotros sufrimos a este hombre cuando fue embajador en Venezuela,
como intervencionista; luego lo hemos padecido desde su puesto de asesor
del Secretario de Estado… Hemos tenido el Primer Reich, después
el Segundo Reich y ahora, por desgracia, nos enfrentamos al Tercer Reich
que se mueve en el ámbito latinoamericano gracias a una ONG para
avivar las llamas del golpe”. Tras la furibunda
denuncia de Chaderton, Reich entonó un extraño non mea
culpa en un artículo de opinión que servicialmente le
publicó el Miami Herald, y que terminaba con la deliberada confusión
de Reich al deletrear el nombre de Chaderton. Dijo que él no
era el “arquitecto” del golpe, lo que dista bastante de ser
una negativa tajante.
La historia que
se ha dado a conocer fuera de Honduras sobre la insistencia de Zelaya
en realizar una encuesta de opinión como motivo del golpe de
Estado es solo parcial, porque el esfuerzo para debilitar a Zelaya se
inició en diversos frentes a lo largo de varios años,
hasta desembocar en el golpe. Uno de ellos fue una campaña de
rumores soterrados sobre corrupción. Favorecida por los contactos
de Reich en las más altas instancias del gobierno usamericano,
la Fundación Arcadia coordinó una absurda y tendenciosa
campaña mediática contra Hondutel, la compañía
telefónica estatal hondureña, campaña que pretendía
crear la percepción pública —similar a las acusaciones
que varios años antes se habían lanzado contra Jean-Bertrand
Aristide, el depuesto presidente de Haití— de que el gobierno
de Zelaya era completamente corrupto desde el primero hasta el último
de sus miembros y Zelaya un hombre inadecuado para la presidencia. La historia de Reich
en las relaciones de Usamérica con Latinoamérica es repulsiva.
Trabajó sin descanso en apoyo del bloqueo Carmona Borjas es
un abogado venezolano que redactó el decreto Carmona, así
llamado no por él, sino por Pedro Carmona, con quien el primero
no tiene relación familiar alguna. Pedro Carmona tomó
el poder en Venezuela durante los dos días del fracasado golpe
de Estado de 2002 contra Hugo Chávez. El decreto Carmona fue
el documento que, durante aquellos dos días, abolió la
Constitución, el Congreso y el resto de las instituciones democráticas
en Venezuela. Tras su implicación en el fallido golpe, Carmona
Borjas buscó y obtuvo con facilidad asilo político en
Usamérica. Al igual que hubo extraordinarias similitudes en los secuestros del presidente Aristide en 2004 en Haití y del presidente Zelaya en Honduras —ambos fueron metidos en aviones con las persianas bajadas y volaron hacia destinos desconocidos—, también hubo similitudes en el uso de las telecomunicaciones como una herramienta propagandística para poner en contra de ambos a la opinión pública y crear las condiciones para eliminarlos de sus puestos antes de tiempo y, una vez fuera, mantenerlos alejados. Breve historia de
las relaciones de Washington con las compañías de telecomunicaciones
Para llegar a este
razonamiento se deben ignorar, desde luego, las abundantes pruebas sobre
la corrupción en las compañías de telecomunicaciones
en Usamérica, donde hombres como Bernie Ebbers y Joseph Nacchio,
que se convirtieron en magnates de las telecomunicaciones gracias a
la privatización (allí denominada “desregulación”),
cumplen condena en prisiones federales por fraude y operaciones realizadas
con información privilegiada. El hecho es que las telecomunicaciones,
como servicio esencial en el mundo moderno, siempre han sido una especie
de máquina de fabricar dinero y la lucha entre el control estatal
y el control privado es la lucha por quién controlará
la máquina y lo que se hará con las ganancias. ITT, que pertenecía
a la compañía telefónica cubana en el momento de
la revolución, en 1959, fue la primera propiedad extranjera que
se nacionalizó en Cuba, en 1961. En 1973, ITT tenía tanto
miedo de que se repitiera la experiencia en Chile que John McCone, un
miembro de la directiva y antiguo hombre de la CIA, prometió
a Henry Kissinger un millón de dólares para evitar la
elección de Salvador Allende. Según Edward Korry, embajador
de Usamérica en Chile en aquel momento, ITT pagó 500.000
dólares a un miembro del comité de compensación
por propiedades expropiadas en Chile, hasta que Allende averiguó
el asunto En 2007, la privatización
en Venezuela también fue revertida y Verizon recibió 572
millones de dólares por sus acciones en Cantv, la compañía
telefónica venezolana. Esto heló la sangre de todos los
políticos y ejecutivos de las telecomunicaciones o asesores usamericanos
(como Reich), que habían invertido en expandir la privatización
de las telecomunicaciones fuera del territorio nacional. Y el terror
se extendió a los dos partidos. Tanto demócratas como
republicanos se habían beneficiado por igual de la privatización
global de la “fábrica de moneda” de las telecomunicaciones. Como alguien que contaba con AT&T y Bell Atlantic (Verizon) entre sus antiguos (y reconocidos) clientes y una demostrada antipatía por los gobiernos de izquierdas, Reich tenía muchos motivos. Un grupo tapadera encubierto como fundación le daría la oportunidad. Breve historia de
los grupos tapadera en Washington Los grupos políticos
que sirven de tapadera son un fenómeno relativamente nuevo en
Washington, al menos de forma abierta. La CIA, por supuesto, ha estado
mezclada en asuntos de este tipo desde sus inicios. Sin embargo, durante
los años de Reagan empezaron a florecer grupos públicos
de esta índole, con bonitos nombres y sin ánimo de lucro.
The National Endowment for Democracy (Fondo Nacional para la Democracia
o NED por sus siglas en inglés), el mayor de los grupos tapadera
sin ánimo de lucro de ámbito nacional, se estableció
para insuflar enormes cantidades de dinero al International Republican
Institute (Instituto Internacional Republicano o IRI por sus siglas
en inglés) y al National Democratic Institute (Instituto Nacional
Democrático o NDI por sus siglas en inglés). Allan Weinstein,
uno de los fundadores del NED, afirmó una vez: “Mucho de
lo que hoy hacemos [en el NED] lo hizo la CIA hace 25 años de
forma encubierta”. El NED se creó en 1983, el mismo año
que la organización sin ánimo de lucro Citizens for America
(Ciudadanos por Usamérica), la cual recibió donaciones
de Northrup, Shell Oil, Chase Manhattan y de una variedad de magnates
de derecha para llevar a cabo sus proyectos anticomunistas. El IRI y el NDI
aportaron dinero y recursos a los grupos tapadera extranjeros que apoyaban
la política exterior de Usamérica, lo cual significa básicamente
que en países no capitalistas o en aquellos que no tienen tendencias
capitalistas, financian a cualquiera que esté en la oposición.
Por otro lado, el colectivo apoyado por el grupo tapadera normalmente
tiene planes nacionales y es, por encima de todo, una herramienta de
propaganda, utilizada para facilitar la cobertura de la prensa favorable,
que a su vez dirige la política. Relativamente liberados de los
requisitos gubernamentales sobre la información, estos grupos
son bastante más ágiles y pueden ser comparativamente
opacos, cualidades ambas muy útiles en el negocio de la propaganda.
En Latinoamérica, donde la prensa se concentra fundamentalmente
en manos de una pequeña oligarquía, el grupo tapadera
presenta una oportunidad única. Cuando un oligarca desea derrocar
a un presidente izquierdista, un grupo tapadera puede ser tanto la tercera
fuente de útiles acusaciones —que se pueden reproducir sin
cuestionamientos— como una fuente independiente, aunque falsa,
de comentarios distanciados sobre la reacción a tales acusaciones,
y todo ello para echar más leña al fuego. Ésa es
la única razón de ser que justifica la existencia de Arcadia,
y ese es exactamente el papel que Arcadia ha desempeñado en Honduras. Lo único
que este tipo de grupo tiene que hacer es tener un estatuto de organización
no lucrativa en Usamérica. Por otra parte, deben hacer por lo
menos un intento para formar un equipo de dirección aceptable
y una declaración de principios creíble, así como
cumplir con los impuestos y otros requisitos de divulgación pública.
La Fundación Arcadia tiene una declaración de principios
—un enmarañado tratado sobre democracia y sociedad civil—,
pero poco más. Carmona Borjas comparte importancia en el grupo
con Betty Bigombe, una asesora del World Bank ugandés que, según
parece, sólo ha prestado a Arcadia su nombre. A pesar de que
Carmona Borjas ha insistido en que las actividades del grupo son completamente
legales, ha ocultado los documentos que deben estar a disposición
del público y se dice que es hostil a quienes solicitan verlos.
Tanto Reich como Carmona Borjas han negado la relación de Reich con el grupo, ya que una relación laboral podría ser tanto innecesaria como inconveniente. Reich podría haber trabajado con Arcadia del mismo modo que trabajó con Ciudadanos por Usamérica, sin una relación contractual con el grupo y, basándonos en las pruebas disponibles, parece que eso es exactamente lo que ha hecho. El lanzamiento En el otoño
de 2007, el diario El Universal de México publicó una
historia basada en un informe que había recibido de la Fundación
Arcadia. Curiosamente, el informe no está disponible en el sitio
web de Arcadia, pero hay claves sobre su contenido y objetivos en los
artículos subsiguientes que publicó el periódico. Obviamente, el informe
contiene acusaciones sobre la corrupción en la compañía
telefónica de Honduras, salpicadas de insinuaciones, lo cual
constituye la marca de Reich. En él se afirma que los beneficios
de Hondutel, la compañía telefónica hondureña,
disminuyeron entre 2005 y 2006 cerca de un 50 por ciento. De las docenas,
si no de las cientos de compañías implicadas en las telecomunicaciones
en Honduras, Arcadia sólo se centra en una: Cable Color —propiedad
de los Rosenthal, una rica e influyente familia hondureña—,
por desviar llamadas de Hondutel, privando así a la compañía
telefónica de beneficios. Se trata de una vieja patraña que ya se utilizó antes en Haití contra Aristide. La interconexión
y el caso de Haití
En países
subdesarrollados, como Honduras o Haití, existe un extraordinario
exceso de tráfico en un sentido debido a los emigrantes en Usamérica
o en otros países occidentales que llaman a sus familias. Es
precisamente en esos países extremadamente pobres, en los que
las compañías telefónicas no han sido privatizadas,
donde esos establecimientos de interconexión suponen una fuente
de ingresos vital para el Estado. Hasta hace poco, la Comisión
Federal de Comunicaciones (FCC por sus siglas en inglés) intervino
en nombre de múltiples compañías que habían
aparecido como resultado de la privatización (desregularización)
en Usamérica, para negociar las tarifas de interconexión
con otros países que se podrían aplicar igualmente a todas
las compañías telefónicas. En 2004, la intervención
de la Comisión Federal de Comunicaciones empezó a desaparecer
progresivamente y desde 2006 ha desaparecido por completo salvo en el
caso de una pequeña lista de países, que no incluye a
Haití ni a Honduras. Durante los años
en que las tarifas eran fijas, algunas compañías usamericanas
todavía intentaron llegar a un mejor acuerdo Esto parece ser lo que ocurrió con IDT, una compañía de telecomunicaciones de Nueva Jersey, que negoció una tarifa especial para interconectarse con Teleco de Haití. En aquel momento, la tarifa de la Comisión Federal se suponía que era de 23 centavos por minuto para las conexiones con Haití, pero IDT negoció y recibió un contrato de 9 centavos por minuto. Cuando un ex trabajador
de IDT afirmó que parte de esas tarifas eran un soborno para
Aristide, el grupo de presión contra Aristide enloqueció. Mary Anastasia O’Grady,
del Wall Street Journal, y después Lucy Komisar, que escribía
para otro grupo tapadera sin ánimo de lucro financiado por un
oligarca haitiano, el Haiti Democracy Project, afirmó que Aristide
lo sabía y que se había beneficiado personalmente del
soborno. Antes, las acusaciones de corrupción contra Aristide
se habían ido desvaneciendo, al igual que las insinuaciones nunca
demostradas de tráfico de drogas, como las que Reich contó
a O’Grady cuando se reunió con ella para una entrevista
en 2002. Ninguna de las acusaciones difamatorias sobre la implicación de Aristide en cualquiera de esos asuntos se pudo demostrar y un juicio —muy publicitado— que organizó contra Aristide el gobierno títere haitiano (usamericano) fue discretamente archivado. Pero demostrar la imputación era secundario al hecho de extender las acusaciones como una táctica de propaganda contra Aristide y de intimidación política contra quienes lo apoyaban en el Congreso usamericano. Tráfico gris Tráfico gris
significa que una llamada se desvía a una red de Internet (red
IP) en lugar de a la de intercambio correspondiente. Las llamadas de
voz en IP (VoIP), que son esencialmente telecomunicaciones mediante
conexión de banda ancha, funcionan así. Tanto Skype como
Vonage son variantes de este tipo de servicio. Teóricamente,
un proveedor de servicios de Internet puede comprar líneas [de
Internet] a una compañía telefónica estándar,
como Hondutel. Sin embargo, después utiliza esas líneas
para vender más baratas las llamadas internacionales a sus propios
clientes [de Internet], ofreciendo un servicio telefónico internacional
a unos precios muchísimo más baratos. Se dice que es una
práctica que arrasa en África. El único problema
con esta práctica es que para un proveedor de servicios de Internet
es ilegal ofrecer tal servicio. Cuando esto sucede, el Estado o la compañía
telefónica titular, lógicamente, prefieren llegar a un
acuerdo de interconexión con la compañía que le
compra las líneas para ofrecer servicios de voz, de forma que
la pérdida de las ganancias no sea absoluta. Carmona Borjas no
sostuvo que Cable Color iba a acabar con las tarifas sobre las llamadas
recibidas, puesto que eso habría sido imposible. Él, sencillamente,
mencionó que el tráfico de Hondutel disminuyó,
señaló a Cable Color, dijo “tráfico gris”
y dejó el resto a la imaginación del lector. Y añadió
unos cuantos detalles extra.
Probablemente, la
información fue proporcionada en primer lugar al periódico
mexicano en vez de a los diarios hondureños porque, con excepción
de El Tiempo, todos son propiedad de férreos oponentes a Zelaya:
la familia Canahuati Larach (Roberto Micheletti, el presidente del Congreso
Nacional hondureño, que más tarde se convertiría
en el dictador con el golpe de 2009, es propietario de La Tribuna) y
su interés en publicar tal información era demasiado evidente.
Una vez que la historia se divulgó en México, El Heraldo,
La Prensa y La Tribuna estuvieron encantados de continuarla y, durante
los dos años siguientes siguieron publicando las acusaciones
de Carmona Borjas cada vez que (con frecuencia) se producían
y siempre lo describían como el “vicepresidente de una ONG
con sede en Washington”, sin sacar a la luz su financiación
u otros proyectos “anticorrupción”. Jaime Rosenthal
envió una carta a El Universal en la que afirmó que el
informe Arcadia había sido “fabricado” por alguien
“interesado en divulgar en Honduras lo que no podía o no
era conveniente publicar directamente [en Honduras]”. Rosenthal
señaló que la caída de los beneficios de Hondutel
entre 2005 y 2006 estaba directamente relacionada con el fin del monopolio
de la [tarifa de] recepción de llamadas internacionales, que
desapareció el 31 de diciembre de 2005, cuando Hondutel firmó
contratos con dos proveedores internacionales de servicios de telefonía
móvil. Las llamadas internacionales costaban 16 centavos de dólar
el minuto, afirmó, “pero los proveedores inalámbricos
no pagan nada a Hondutel”. En un debate radiofónico posterior entre Carmona Borjas y los Rosenthal, éstos explicaron además que Cable Color vendía líneas telefónicas a los proveedores de Internet y que cada vez que se enteraba de que el proveedor de Internet estaba vendiendo ilegalmente el servicio como telefónico en lugar de como un servicio de Internet, sin un acuerdo previo de interconexión, notificaba a Hondutel, que tenía obligación de tomar medidas. Arcadia contra Rosenthal
En ese debate radiofónico
del 12 de septiembre de 2007, Yani Rosenthal preguntó por qué,
si Otto Reich no tenía relación alguna con la Fundación
Arcadia, su nombre había aparecido en la página web de
la fundación hasta el 10 de septiembre y despareció el
11 de septiembre. En un principio, Carmona Borjas evitó responder
a la pregunta, insistió en que la fundación estaba legalmente
establecida en Usamérica y en que no tenía nada contra
Yani personalmente —“¡Caramba! Lo felicitamos [por su
campaña] y le deseamos lo mejor”—, tras lo cual retomó
su acusación de que las 340 líneas que Cable Color tenía
conectadas a Hondutel estaban causando grandes pérdidas a la
compañía telefónica debido a que se utilizaban
para tráfico gris. Yani respondió:
“Ayer, cuando Roberto Carmona habló en Canal 5, afirmó
inequívocamente que el honorable Otto Reich, a quien respeta
y admira profundamente por ser un luchador por los principios democráticos
en la región, no tenía nada que ver con la Fundación
Arcadia. Ésas fueron sus palabras. Aquí se puede ver lo
que dijo anoche en el Canal 5 y ahora voy a mostrarle lo que figuraba
en la web de Arcadia hasta el 10 de septiembre, donde aparece Otto Reich.
Y ahora voy a mostrarle que aquí, el 11 de septiembre, empieza
el borrado de la lista de miembros de la Fundación Arcadia, así
como del informe que el propio Roberto Carmona firmó y envió
a Hondutel el 14 de julio de 2006, con copia al embajador Otto Reich.
Por lo tanto, si el Sr. Carmona miente tan descarada y obviamente sobre
algo tan sencillo como esto, que fácilmente se puede ver que
miente, ¿sobre qué más mentirá? Además,
puedo enseñar las comunicaciones entre Cable Color y Hondutel
y demostrar que Cable Color cooperó con Hondutel, así
como que se castigó a los clientes de Cable Color que se dedicaron
a estas operaciones [de tráfico gris ilegal]. Hondutel incluso
lo sabe, porque hubo dos compañías a las que se les confiscaron
los números y los equipos.” Carmona Borjas insistió
una vez más en que Arcadia no tenía absolutamente nada
que ver con Reich y calificó su afirmación al añadir
“desde un punto de vista legal”, y dijo que cualquier columna
que aparezca en el sitio web de Arcadia no tenía por qué
estar relacionada necesariamente con Arcadia, que más o menos
eran un equipo abierto en el que incluso Rosenthal podría expresar
sus ideas si así lo deseaba. (Las únicas informaciones
en el sitio web de Arcadia desde entonces, y hasta ahora, son las generadas
por Carmona Borjas). Los Rosenthal dijeron
que se vieron obligados a ir a la embajada de Usamérica en Tegucigalpa
para explicar la situación, puesto que Carmona Borjas, un ciudadano
venezolano-usamericano, había ido allí amablemente en
primer lugar para entregar en la embajada una copia de su informe Arcadia. Rasel Tomé,
el presidente de CONATEL, la autoridad hondureña reguladora de
las telecomunicaciones, intervino y añadió que en CONATEL
no había ningún registro de quejas presentadas contra
Hondutel o Cable Color por tráfico gris, a lo que Carmona Borjas
repitió que el tráfico gris era la única explicación
posible para una caída tan grave de los beneficios, e insinuó
que la postura de Tomé se debía al hecho de que había
sido el abogado de los Rosenthal durante muchos años. Más tarde,
el propio Tomé averiguó el origen de los exclusivos contactos
de Carmona Borjas dentro del sistema judicial hondureño cuando
poco antes del golpe de Estado, el 28 de junio de 2009, se le ordenó
que no saliera del país debido a una investigación promovida
por Carmona Borjas y un hombre de negocios llamado Eldi, que se había
quejado de que Tomé, junto con otros dos comisionados, había
concedido ilegalmente licencias para el Canal 12 de televisión
a los Rosenthal en lugar de a Eldi. Además, a
fines del año anterior, Carmona Borjas presentó una queja
ante el ministerio fiscal contra Tomé por enriquecimiento ilegal,
sobre la base de que él [Carmona Borjas] creía que la
campaña publicitaria de Tomé para un escaño en
el Congreso nacional era tan desproporcionada que Tomé no hubiera
podido permitírsela. En otro debate radiofónico, Tomé definió a Carmona Borjas como “un extorsionador internacional, un mercenario que había sido investigado por lavado de dinero y a sueldo de poderosos grupos”. Tomé se presentaba al Congreso por el grupo de Micheletti en el Partido Liberal. Tiburones al acecho “¿Qué
va a ocurrir en este país si el gobierno deja de percibir los
importantes ingresos que se van a generar a través de Hondutel?
Hemos venido a esta compañía con una misión del
presidente Manuel Zelaya Rosales: tenemos que defender esta compañía,
porque quieren comérsela como tiburones, y lo que estamos haciendo
es defenderla con uñas y dientes y sólo con la ayuda de
unos cuantos amigos que nos están abriendo este espacio.” Marcelo Chimirri,
director de Hondutel, 13 de septiembre de 2007 (durante una entrevista
concedida cinco días después de que se publicasen por
primera vez las acusaciones de corrupción de Arcadia)
Si hubiera que buscar
la representación pintoresca de un personaje de telenovela latinoamericana,
sería difícil encontrar a un candidato mejor que Marcelo
Chimirri. Nacido en Sicilia de padre italiano y madre hondureña,
que regresó a Honduras después, tiene un cierto parecido
con Antonio Banderas y adora los caballos de pura sangre, los coches
de lujo, las Harley Davidson y las mujeres hermosas. El informe original
de Arcadia lo mencionó de manera profundamente difamatoria: “A
pesar de haber sido declarado inocente, [Chimirri] sigue estando en
la mira del Fiscal General de Honduras por la muerte de su ex novia,
Yadira Miguel Mejía, y por sus amenazas y comportamiento agresivo
contra periodistas”. Otro hombre fue condenado por ese crimen y
no existe indicio alguno de que haya nuevas pruebas, pero Arcadia no
tuvo reparo alguno en tratar de vincularlo a un homicidio brutal. Chimirri
es también sobrino de la esposa de Zelaya, Xiomara Castro. Al igual que Zelaya,
habla claro y parece tener sentido del humor. Tras muchos meses de acoso
por parte de Carmona Borjas, Chimirri declaró a El Heraldo que,
en el fondo, la razón de la insistencia de Carmona Borjas es
que está perdidamente enamorado de él. Es posible que los
contactos de Arcadia en el sistema judicial hondureño fuesen
anormales, pero eso no era nada en comparación con sus conexiones
en el Departamento de Justicia, Inmigración y Aduanas de Usamérica.
Carmona Borjas declaró a La Prensa que dos pequeñas compañías
usamericanas de telecomunicaciones que tenían contratos de interconexión
con Hondutel habían transferido 70.000 dólares a la cuenta
bancaria de una compañía propiedad de Chimirri, Inversiones
Chicas o Inverchicas, y oportunamente proporcionó las fechas
de las trasferencias y el número de cuenta bancaria. El periódico
no hizo ninguna pregunta a Carmona Borjas sobre cómo pudo obtener
una información tan específica, que Chimirri negó,
añadiendo que Inverchicas había dejado de existir mucho
antes de la fecha de las supuestas transferencias de dinero. Carmona Borjas insistió
en que Chimirri no solamente había supervisado el desvío
del tráfico gris, lo que supuso un robo de unos 48 millones dólares
a Hondutel, sino que también los pagos a Inverchicas eran la
prueba de algún tipo de soborno. “Los responsables del tráfico gris, sean funcionarios públicos o empresarios del sector privado, se merecen la cárcel como cualquier otro delincuente”, dijo. Los allanamientos
de los Cobra y las escuchas telefónicas
Año y medio
después, Andrés Izarra, el presidente de TeleSUR, identificó
al escuadrón Cobra como la fuerza responsable de las escuchas
y las amenazas contra periodistas de la televisora de Caracas tras el
golpe de Estado, es decir, antes de su expulsión del país. La justificación
de los allanamientos fue que Chimirri estaba acusado de “abuso
de poder, tenencia ilegal de armas y revelación de secretos”.
Zelaya se enfureció y los calificó de agresión
brutal, digna de una película de terror, contra la familia de
Chimirri y añadió que habría bastado con una simple
citación judicial de los funcionarios de Hondutel. Un par de semanas
antes, el 22 de octubre, el presidente Zelaya había presentado
una denuncia por espionaje telefónico cuando su teléfono
fue intervenido ilegalmente sin su conocimiento, lo cual permitió
la grabación de sus conversaciones con sus subordinados, entre
ellos Chimirri, sobre las estrategias para controlar la cobertura de
la prensa hostil y los problemas iniciales con Micheletti. Otros dos
empleados de Hondutel fueron acusados de la intervención de los
teléfonos: Óscar Danilo Santos y Luis Alejandro Arriaga. Arcadia colgó oportunamente en YouTube las grabaciones obtenidas de manera ilegal. Se intensifican
las acusaciones La embajada usamericana
en Tegucigalpa no esperó que el caso contra Chimirri hiciera
su camino en el sistema judicial hondureño. Hacia el 24 de enero
de 2008 anunció que Chimirri tenía prohibida la entrada
en Usamérica debido a sus vínculos con “casos graves
de corrupción pública”. Con pasaporte italiano, Chimirri
nunca había necesitado una visa, pero ahora ni siquiera eso le
ayudaría a atravesar las aduanas del imperio. Las visas han sido
siempre una de las especialidades de Reich. Fue entonces cuando
aparecieron los cadáveres. El viernes, 8 de febrero, cuatro personas
fueron encontradas muertas en el interior de un camión con placas
guatemaltecas, bajo un puente. Habían sido tiroteadas y luego
quemadas. De nuevo, Carmona
Borjas propuso una explicación. Dos de los cuerpos eran de guatemaltecos,
un tercero era imposible de identificar y el último sería
el de un técnico en computación llamado Alejandro Laprade
Rodríguez. Según Carmona Borjas, Laprade había
ido a Washington hacia el 27 de marzo de 2007 para entregar una grabación
magnetofónica de 49 minutos como prueba de un intento de extorsión
por parte de empleados de Hondutel. Laprade afirmaba que habían
allanado su compañía sin razón alguna y le habían
exigido 100.000 dólares si no quería ir a la cárcel.
Arcadia también colgó esto en YouTube. Para Carmona Borjas,
el hecho de que la escena del crimen se pareciese mucho a una venta
de drogas que terminó mal era la prueba de lo contrario e insistió
en que se trataba de un montaje. Dado que el fiscal a cargo del supuesto
caso de extorsión no podía obligar a Carmona Borjas a
que viniese a Honduras y que éste (al igual que su mentor) se
negó a ir a causa de lo que calificó de “imperante
clima de inseguridad en el país”, comunicó su intención
de viajar a Washington para entrevistarse con Carmona Borjas. A finales de marzo,
La Prensa publicó un informe, según el cual médicos
forenses habían identificado sin la menor duda uno de los cuerpos
quemados como Laprade, con 21 comparaciones entre los dientes de uno
de los cadáveres y un molde que el dentista de Laprade tenía
a mano. Pero varios días después, el jefe de la Dirección
General de Investigación Criminal (DGIC) de Honduras, Francisco
Murillo López, dijo que tenía sus reservas. “Un dictamen
odontológico es creíble cuando se coincide en 75 puntos,
no 21”, dijo, “y que es realizado por un odontólogo
forense… Yo como investigador respeto la posición del Ministerio
Público, pero creo que hay que profundizar un poco más
sobre este caso y como investigador policial tengo mis reservas”,
añadió. Asimismo, solicitó ver los resultados preliminares
del ADN de los cuatro cadáveres. Carmona Borjas volvió
a la carga desestimando los comentarios de Murillo y añadiendo
más información. Afirmó que apenas unos días
antes de que Laprade fuese asesinado, había llamado de nuevo
a Carmona Borjas para decirle que tenía una cinta en la que Marcelo
Chimirri confesaba su implicación en el tráfico gris.
Por desgracia, las capacidades informáticas de Laprade no parecían
suficientes para ocuparse de las descargas en YouTube y Carmona Borjas
no tenía una copia de la cinta porque, según él,
Laprade estaba buscando la manera de hacérsela llegar sin levantar
sospechas cuando desapareció. Con su apego por
el plural mayestático combinado con la insinuación estratégica,
Carmona Borjas declaró: “Le dijimos que tuviese mucho cuidado
porque... entre 1997 y 1998 Marcelo Chimirri estuvo vinculado al crimen
de la joven Yadira Mejía. Después ya no tuvimos más
noticias de Laprade”. La existencia de la cinta nunca ha sido probada. Durante la segunda mitad de 2008, Carmona Borjas siguió acechando a Chimirri, pero también empezó a ocuparse del auténtico objetivo de Arcadia. A finales de julio presentó una denuncia formal contra el presidente Zelaya en la embajada hondureña en Washington, acusándolo de actuar contra el orden legal de Honduras y contra los principios democráticos. Fue una muestra de que iba en serio. A Arcadia no le
interesa la corrupción
Conforme avanzaba,
la huelga de hambre fue ganando simpatizantes y en menos de un mes 22
huelguistas adicionales, procedentes de una gran variedad de organizaciones,
se habían unido a los cuatro fiscales iniciales, entre ellos
dos sacerdotes y el pastor evangélico Evelio Reyes. Tras la intervención
del pastor Reyes, el Congreso hondureño nombró una comisión
mediadora, constituida por Ramón Custodio, comisionado para los
derechos humanos y Juan Ferrera, secretario ejecutivo del Consejo Nacional
Contra la Corrupción. Los fiscales en huelga de hambre rechazaron
la idea de la mediación. Un año después, tanto
Ferrera como Custodio apoyaron el ilegal golpe de Estado de Roberto
Micheletti. La proposición
de Micheletti para resolver el enfrentamiento suponía llevar
la queja a la Organización de Estados Americanos(OAS), propuesta
que también fue rechazada por los fiscales, los cuales insistieron
en que el problema debía solventarse en Honduras. Los fiscales
también exigieron que el Fiscal General, Leónidas Rosa
Bautista, y el Ayudante del Procurador General, Omar Cerna, renunciasen
por haber participado en actividades ilegales. El presidente Zelaya
apoyó al grupo y fue a visitarlos al Congreso nacional; también
pidió la renuncia de Cerna tras afirmar que “el verdadero
problema en Honduras es que la ley no se aplica a quienes la infringen”. La prensa hondureña y los aliados del Fiscal General describieron la huelga como un intento del presidente para reemplazar al fiscal y a su ayudante con personas de su propio Partido Liberal, en vez del Partido Nacional, al que ambos pertenecían. Los fiscales rechazaron
estas acusaciones e insistieron en que sólo buscaban que se investigasen
las razones de la debilidad del Ministerio Público y se revisasen
los casos impunes de crimen organizado, la corrupción y los abusos
medioambientales y de derechos humanos. Cerna se negó
a dimitir con el pretexto de que sería un precedente terrible
y, con argumentos que los golpistas repetirían un año
después, añadió que su decisión de rechazar
la petición del presidente buscaba realmente “fortalecer
las instituciones y la democracia [en Honduras]”. Por su parte, el asombrosamente altanero Rosa Bautista negó haber cometido falta alguna y añadió que, de todos modos, de haberla cometido habría sido en su práctica privada de abogado defensor, no como administrador, por lo cual el Decreto 49-2008, aprobado por el Congreso un año antes para castigar las faltas administrativas, no se le podía aplicar. Además, dijo
que se estaba enmarañando el asunto, ya que en realidad él
era una especie de juez, no un administrador ordinario y, por lo tanto,
dependía de la Corte Suprema, no del Congreso nacional. Amenazó
con pedir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que
tomase medidas preventivas para garantizar sus libertades y las del
Ministerio Público.
Fue sin duda una
magnífica oportunidad para que el luchador anticorrupción
de Washington interviniese y Carmona Borjas terminó por hacerlo.
Estaba convencido de que la huelga de hambre no era más que teatro
y acusó a los huelguistas de holgazanear sobre cómodos
colchones Coleman, de mantenerse con bebidas y barras energéticas
y agua Evian. ¿Por qué tanto escándalo por unos
casos de corrupción si había tráfico gris del que
ocuparse y Chimirri andaba suelto? Carmona Borjas dirigió
su ira contra el pastor Reyes, un objetivo interesante si se considera
que éste apoyaría el golpe de Estado un año después,
pero es bien sabido que, en Honduras, la relación de los evangelistas
y de otros muchos sectores con la política es algo complicado
y no puede analizarse en términos de derecha-izquierda. Incluso
si él mismo ha sucumbido al encanto de los trajes costosos, Carmona
Borjas arremetió contra el pastor en un “debate” radiofónico
por sus lujosos atuendos de “cientos de miles de dólares”
[sic] y sus Rolex de oro. La respuesta de
Reyes a Carmona Borjas fue un insulto mucho más mordaz: dijo
que nunca había oído hablar de él. La huelga de hambre concluyó mes y medio después de su inicio, cuando se nombró una comisión de representantes del Congreso para que investigase a Rosa Bautista y Cerna. Pero sus conclusiones no llevaron a ninguna parte. Jari Dixon Herrera, uno de los cuatro huelguistas, dijo que el informe de la comisión “no nos llena de sorpresa, esto es lo que iban a hacer, no iban a permitir nunca que se revisaran esos casos”. Sobre Rosa Bautista y Cerna añadió: “No iban a permitir nunca exponer a sus dos mejores trabajadores dentro del Ministerio Público, como son los fiscales generales que han protegido a muchos”. Latinode
Latinode había
sido investigada por el FBI y el Servicio de Inmigración y Control
de Aduanas de Miami (ICE). Según el comunicado de prensa del
Ministerio de Justicia (DOJ), Latinode también sobornó
a funcionarios en Yemen para obtener descuentos de interconexión.
Fuentes del Ministerio de Justicia comunicaron que Latinode recibió
descuentos de interconexión entre 2004 y 2007, y que los pagos
estaban destinados a cinco empleados de Hondutel. Los nombres de los
“beneficiarios” de tales pagos no se publicaron, pero el “subgerente
general (que luego pasó a ser gerente general)” no podía
ser otro que Chimirri. Hondutel lo negó
y dijo que una auditoría interna llevada a cabo entre el 1 de
enero de 2005 y el 31 de diciembre de 2007 había revelado discrepancias
en el tráfico de Latinode, que adeudaba 4,6 millones de dólares
a Hondutel. Pagar una multa de 2 millones en Miami (durante un período
tres años, según el DOJ) y cerrar Latinode era lo obvio,
sobre todo para eLandia, la compañía de telecomunicaciones
de Coral Gables, que había pagado 25 millones para comprar Latinode
en 2007. Pero el comunicado
de prensa del DOJ incluía otra nota curiosa: “La investigación
penal de Latinode refleja, en gran medida, las acciones de la compañía
propietaria de Latinode, eLandia International Inc. (ELandia), pues
para el Ministerio de Justicia pone de manifiesto las potenciales infracciones
de la ley FCPA tras la adquisición de Latinode y el descubrimiento
de pagos ilegales de eLandia después de su clausura”. Al igual que el caso de Arcadia, que se originó en Washington, el de Latinode parece haberse originado en Miami. A pesar del comunicado de prensa en inglés del DOJ, ni Arcadia ni Latinode tienen relevancia informativa alguna en Usamérica, pero sí son políticamente importantes en Honduras. Incluso si el dictamen del DOJ con respecto a Latinode no demuestra la culpabilidad de ningún empleado de Hondutel, tanto Arcadia como el gobierno golpista así lo han interpretado y difundido a través de los medios. Cuando Chimirri y otros funcionarios del gobierno de Zelaya fueron detenidos el 2 de julio de 2009, las únicas pruebas citadas por la prensa favorable al golpe de Estado se basan en las acusaciones contra Latinode publicadas por la corte usamericana, la misma corte federal de Miami que juzgó a los cinco héroes cubanos y el reciente “escándalo de la maleta”, lo cual demuestra que el DOJ no está por encima de la política y sí al servicio de los objetivos de la derecha pura y dura en Latinoamérica. El nuevo Tercer
Reich
-Entrevista a Marcelo
Chimirri, 13 de septiembre de 2007. Saliendo de las sombras, Reich no pudo resistir la oportunidad de comentar el caso de Miami: “El presidente Zelaya ha permitido o apoyado este tipo de prácticas y ahora veremos que también está detrás de esto”, declaró a El Nuevo Herald. También mencionó
a Chimirri por primera vez en la prensa usamericana, aludiendo de pasada
a su relación familiar con los Zelaya y al hecho de que había
sido acusado en Honduras de una serie de ilegalidades en la gestión
de Hondutel. Pero no mencionó al denunciante de Chimirri. Para Zelaya esto
fue la gota que colmó el vaso. Envió a dos miembros de
su gabinete y su secretario personal a Usamérica para contratar
a un abogado que demandase a Reich por difamación. El secretario,
Enrique Reina, dijo que Reich estaba disgustado porque Hondutel había
cancelado el contrato de interconexión de una compañía
que él representaba. Carmona Borjas intervino
de nuevo, acusando a Zelaya en los medios hondureños de haber
actuado “inconstitucionalmente”. Pero Zelaya dispuso
de poco tiempo para llevar el caso adelante. Dos meses después
fue despertado por la fuerza por los paramilitares del escuadrón
Cobra, que entraron a tiros en su casa y lo trasladaron por aire a Costa
Rica en piyama. El vínculo
con el ALCA
El ALCA establece
claramente que medidas estatales legítimas tales como las leyes
de protección medioambiental o del consumidor podrían
contravenir el artículo 10.7 y permitir que sociedades anónimas
usamericanas demandasen a los países signatarios por el dinero
que podrían haber ganado sin ellas. Actos gubernamentales ilegítimos
como la corrupción quedan así cubiertos y basta con simples
acusaciones de corrupción para poder presionar a los gobiernos
y que éstos lleguen a un arreglo con los tribunales secretos
de arbitraje del CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias
relativas a Inversiones), del Banco Mundial. Pero eso no sería
necesario, ya que Reich es un experto en el manejo de “actividades
anticorrupción, en el análisis de riesgo político
y en acuerdos extrajudiciales” para multinacionales usamericanas
en Latinoamérica. Su capacidad para actuar bajo cuerda puede
lograr que las multinacionales nunca tengan que exponerse públicamente
a estas disputas que tanto perjudican su reputación. Teniendo en cuenta
los vínculos de Reich con la industria de las telecomunicaciones,
por no mencionar los del Cormac Group y los de Lanny Davis, el amigo
de Hillary Clinton, que arregló para los golpistas hondureños
una campaña de prensa y una visita de cabildeo al Congreso en
Washington, la posibilidad de una futura demanda judicial de este tipo
no puede descartarse. Los Las consecuencias Reich confesó
haber participado en “señalar a Zelaya como el impulsor
de la corrupción en Honduras” y añadió: “Si
yo hubiese sido el ‘arquitecto’ de la destitución de
Zelaya, habría aconsejado que se lo acusara de los casi 20 delitos
de los que la judicatura hondureña lo ha acusado ahora y que
las autoridades civiles lo detuviesen. Habría instado a que persistiese
el proceso constitucional con el acceso a la presidencia del siguiente
en el orden de la lista, el presidente del Congreso, Roberto Micheletti,
y la continuación del proceso electoral, que culminaría
en las elecciones de noviembre”. Excepto por la omisión
del traslado forzoso del presidente a Costa Rica, así fue como
se desarrolló el golpe de Estado, punto por punto, aunque Reich
esquivamente insistió en que tales acontecimientos se desarrollaron
“sin mi participación”. En La Prensa de
Honduras, Reich negó de nuevo cualquier relación legal
con Arcadia. “No soy miembro de la Fundación Arcadia. Conozco
muy bien la Fundación Arcadia y el trabajo que ha hecho”.
Era exactamente la clase de declaración que podía haber
hecho hace 25 años con respecto a Ciudadanos por Usamérica. Por su parte, Carmona
Borjas despotricó en lo que aún queda de la prensa hondureña
sobre cómo la expulsión de TeleSUR fuera de Honduras no
limita la libertad de expresión y criticó a CNN en Español
por no haber censurado completamente las manifestaciones favorables
a Zelaya y, por supuesto, a Chimirri. En Honduras, una
vez desplazado Zelaya, los nuevos dirigentes golpistas iniciaron la
cacería de brujas, deteniendo a Chimirri y a otros funcionarios
de Zelaya y enviándolos directamente a la penitenciaría
nacional, pero no sin presentar personalmente a Carmona Borjas durante
una manifestación a favor del golpe, elogiándolo por haber
sido el primero en incriminar a Hondutel y agradeciéndole la
detención de Chimirri. A pesar de que el
papel de Arcadia no ha sido denunciado y, por lo tanto, se desconoce
fuera de Honduras, los venezolanos y los hondureños lo comprendieron
de inmediato. El embajador Chaderton prometió enviar un informe
sobre el caso a la misión usamericana en la OAS y en una entrevista
con La Jornada tras sus comentarios, dijo que “no les cabe la menor
duda sobre eso”. En América Latina hay muchas compañías estatales más importantes ya escogidas para su privatización y, si no, muchos más dirigentes izquierdistas a los que convencer o derrocar. Mientras tanto, en Washington, la fundación de Arcadia todavía existe, como una célula durmiente, a la espera de recibir órdenes de la voz de su amo. * Con información adicional de Revolter. Fuente: http://machetera.wordpress.com/2009/07/30/otto-reich-and-the-honduran-coup-detat-the-provocateur-his-protege-and-the-toppling-of-a-president-part-one/, http://machetera.wordpress.com/2009/08/02/otto-reich-and-the-honduran-coup-d%E2%80%99etat-the-provocateur-his-protege-and-the-toppling-of-a-president-%E2%80%93-part-two/ y http://www.tlaxcala.es/pp.asp?reference=8275&lg=en La autora, Machetera, es editora del blog http://machetera.wordpress.com y miembra de Tlaxcala, la red de traductores por la diversidad lingüística. La caricatura de Otto Reich es del dibujante hondureño Allan McDonald. Atenea Acevedo, Allan McDonald, Manuel Talens y Paloma Valverde son miembros de Rebelión y Tlaxcala. |
Poco
después, empezaron a circular nuevas informaciones sobre un inusual
turista que andaba por Tegucigalpa haciendo visitas; se alojó
en el Hotel Plaza Libertador bajo el seudónimo de Armando Valladares
y se le vio ir con frecuencia al palacio presidencial y al Congreso
nacional. Armando Valladares es el prisionero cubano que fingió
una parálisis para ganar el apoyo del mundo y conseguir su puesta
en libertad, y no paró hasta convertirse en presidente de una
organización tapadera sin ánimo de lucro relacionada con
la CIA en Nueva York, la Human Rights Foundation [Fundación por
los Derechos Humanos], hasta que dimitió el pasado mes de julio,
irritado porque la Fundación no había apoyado el golpe.
El hombre que viajaba bajo ese nombre era en realidad Roberto Carmona
Borjas, un discípulo de Reich y figura notoria en otro grupo
tapadera “sin ánimo de lucro”: la Fundación
Arcadia, que es la ONG a que se refirió Chaderton. Hasta ahora,
fuera de Latinoamérica, no se ha publicado una información
detallada sobre las actividades de Arcadia en Honduras.
económico contra Cuba; ayudó a Orlando Bosch, el terrorista
anticubano, a encontrar refugio en el imperio y creó propaganda
nacional antisandinista para la Casa Blanca con Reagan desde la Oficina
de Diplomacia para Latinoamérica del Departamento de Estado.
En aquel puesto, trabajó con un grupo sin ánimo de lucro
denominado Citizens for America (Ciudadanos por Usamérica) para
divulgar esta propaganda a través de la prensa imperial. A su
último puesto de trabajo en el Departamento de Estado llegó
con tal cantidad de polémicas, debido a esas actividades y a
otras muchas por el estilo, que Bush hijo se vio obligado a retrasar
un año su nombramiento, hasta 2001, para evitar el proceso de
ratificación del Congreso que probablemente iba a ser contrario,
por no mencionar que se pudieran sacar a relucir hechos desagradables.
Una vez instalado, Reich se entretuvo en apoyar el fracasado golpe de
Estado de 2002 contra Hugo Chávez en Venezuela, así como
el golpe que sí tuvo éxito en Haití contra Jean-Bertrand
Aristide en 2004.
Desde
un punto de vista neoliberal, una propaganda ofensiva centrada en la
corrupción de las compañías de telecomunicaciones
tiene dos ventajas. La primera es evidente: si se puede establecer una
relación directa entre la corrupción de las compañías
de telecomunicaciones y el dirigente que no sigue los dictámenes
de Washington, se provoca el apoyo público al derrocamiento de
dicho dirigente. La segunda es menos obvia, pero igualmente importante,
ya que sostiene el argumento de que las compañías de telecomunicaciones
no deben estar bajo control del Estado, sobre todo en los países
en vías de desarrollo, y de que estarían mejor privatizadas.
de
los pagos y prohibió terminantemente las compensaciones.
Todo
el tráfico internacional de las telecomunicaciones está
sujeto a tarifas de interconexión con la compañía
telefónica en el país en que finaliza la llamada. Estas
tarifas de interconexión se dividen al 50 por ciento entre la
compañía que hace la llamada y la compañía
que la recibe, de forma que sólo se paga si hay un exceso de
tráfico en una dirección o en otra. 
extraoficial,
y mientras compañías estatales como la Teleco de Haití
o la Hondutel de Honduras eran libres para ofrecer tarifas más
bajas de interconexión que las que había establecido la
Comisión Federal, se suponía que estaban ofreciendo las
mismas atodas las compañías, no sólo a unas cuantas
privilegiadas, para no burlarse del sistema de la Comisión Federal.
Si los pagos hechos por las compañías usamericanas tenían
asegurados unos descuentos, eso también podría suponer
una infracción de la Ley usamericana de prácticas corruptas
extranjeras (U.S. Foreign Corrupt Practices Act, FCPA por sus siglas
en inglés). 
“Según
el informe”, afirmó El Universal, “la compañía
Cable Color pertenece a la prominente familia Rosenthal, que posee fuertes
intereses políticos y económicos y, según el documento,
está dirigida actualmente por Jaime Rosenthal, propietario del
periódico El Tiempo, el Canal 11 de televisión y padre
de Yani Rosenthal, ministro de la presidencia y alguien considerado
en Honduras como posible candidato presidencial”.
Arcadia
ha librado su cruzada de “tráfico gris” en Honduras
desde septiembre de 2007 hasta la actualidad. Carmona Borjas se centró
primeramente en la familia Rosenthal, propietaria de medios de comunicación,
pero pronto pasó a ocuparse con pasión del fértil
territorio que le ofrecía el director de Hondutel, Marcelo Chimirri
Castro.
La
campaña de insinuaciones de Arcadia no tardó en dar fruto
y, a principios de noviembre de 2007, los Cobra, grupos paramilitares
auspiciados por el Estado, perpetraron espectaculares y salvajes allanamientos
de morada en las oficinas de Hondutel y en el domicilio de Chimirri.
Éste declaró que a sus hijos les habían apuntado
con armas de fuego en la cabeza. 
De
repente, a principios de abril de 2008 la tensión entre la Fiscalía
hondureña y el Congreso nacional estalló de manera extraordinaria.
Cuatro fiscales iniciaron una huelga de hambre el 6 de abril en la planta
baja del edificio del Congreso. La huelga se debió a 14 casos
de supuesta corrupción que implicaban a “figuras conocidas
e influyentes de la política y la economía del país”
y que habían permanecido archivados durante años sin ningún
seguimiento ni investigación ni revelación pública
de sus nombres.
A
pesar de tales declaraciones, estaba claro que las manifestaciones públicas
a favor de los huelguistas empezaban a poner nervioso a Rosa Bautista,
que comenzó a desplazarse en automóviles proporcionados
por el Secretario de Defensa. “Si las protestas con fines mediáticos
hubieran tenido lugar dentro de la Constitución, hace mucho tiempo
que se habría hecho algo”, dijo. “Pero estas amenazas
a la paz, a la libertad de prensa, las manifestaciones, las acusaciones
irresponsables de todos... debemos regresar a paz y a tranquilidad”.
En
abril de 2009, las acusaciones de Arcadia contra Hondutel terminaron
por dar fruto cuando la Corte Federal Usamericana del distrito sur de
Florida impuso una multa de 2 millones de dólares a Latinode,
una compañía de telecomunicaciones, por haber infringido
la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) al pagar
más de un millón dólares en sobornos a “terceros”,
los cuales debían entregar “una parte o la totalidad de
tales fondos” a empleados de Hondutel con vistas a obtener un descuento
en sus porcentajes de interconexión. (Por otra parte, IDT fue
sancionada por la FCC en el caso de las telecomunicaciones de Haití,
pero nunca se la ha acusado de infringir la FCPA).
“[Esta]
inmensa red va buscando las comunicaciones, no solo en Honduras sino
en Centroamérica. Son los mismos que lograron su objetivo en
Guatemala, El Salvador y Nicaragua, donde se las arreglaron para desnacionalizar
totalmente el sector de telecomunicaciones sin ningún beneficio
para el pueblo... Así que ya tienen un plan perfectamente planeado
para quedarse con toda la telecomunicación en América
Central.”
La
explicación de esta exageración de las cifras puede que
tenga menos que ver con la tendencia de Reich a la hipérbole
que con el ALCA, el Acuerdo de Libre Comercio de las Américas.
Las presiones para desnacionalizar a Hondutel no se materializaron hasta
que se puso en marcha el ALCA. Se trata de una pieza clave del puzzle
neoliberal, que incrementa los derechos de las compañías
multinacionales en Centroamérica y les permite poner pleitos
por “pérdidas” o ausencia de “futuros beneficios”
mediante una cláusula que las protege de “medidas equivalentes
a la expropiación”. (ALCA, artículo 10.7)
reglamentos
del ALCA con respecto a tales demandas judiciales van más allá
del infausto Capítulo 11 del TLC (Tratado de Libre Comercio)
y tales amenazas ya están siendo utilizadas por algunas multinacionales
para presionar a los gobiernos de El Salvador y Guatemala, agobiados
por la falta de liquidez, para obtener millones. 